Las medidas aplicadas por el Partido Revolucionario Institucional contra sus gobernadores y militantes por actos de corrupción son necesarias si queremos ver la paja en el ojo ajeno, afirmó Héctor Edmundo Salgado Cota, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI respecto de las descalificaciones y señalamientos de otros partidos políticos, particularmente del Partido Acción Nacional, que debiera revisar con honestidad en su interior.

Recientemente la auditoría Superior de la Federación denunció penalmente al exgobernador Marcos Covarrubias por simular millonarias devoluciones a las arcas públicas del gobierno federal y también su administración es investigada por la adjudicación directa de contratos millonarios de obra pública a favor del entonces diputado federal panista, su sobrino Francisco Pelayo Covarrubias, actual presidente municipal de Comondú.

Salgado Cota dijo que al PAN no le importan las acusaciones que pesan contra el actual gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares por el escandaloso desvío de recursos en el ISSSTE; al contrario, lo hizo candidato a gobernador. Ni tampoco ha hecho nada contra el gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez quien pagó a sobreprecio terrenos ejidales para la instalación de la empresa Toyota.

Respaldó la exigencia de que los demás partidos políticos apliquen las mismas medidas, porque en el caso de Acción Nacional son varios gobernadores que todavía no libran la acción de la justicia por actos de corrupción como el exgobernador de Jalisco Emilio González (2007-2013) quien además de incontables abusos de poder, “regaló” 90 millones de pesos del erario público a la Iglesia de su estado. Recientemente el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés (también sometido a exhaustiva investigación por la PGR) sus colaboradores siguen cayendo uno a uno en manos de la justicia, recalcó.

Afirmó que las medidas que ha tomado el PRI en el caso del gobernador de Veracruz no son con tintes electorales, sino que está estipulado en los reglamentos del PRI que quien deba ser expulsado del Partido, sólo si la autoridad competente determina que cometió un delito. 

Las medidas tienen sus costos y puede haber desacuerdos pero el PRI tendrá calidad moral para exigir a otros partidos políticos que también las realicen porque definitivamente los actos de corrupción deben ser combatidos en todas las esferas de la vida pública del país, puntualizó Salgado Cota.